Impide que jueces y magistrados puedan dictar suspensiones con efectos generales, y que éstas únicamente sean válidas para los quejosos que recurran a dicha herramienta legal.
La bancada de Morena aseguró que la reforma busca evitar el uso arbitrario del amparo, mientras que los legisladores de oposición consideran que es un retroceso.
La oposición advirtió que dicha reforma limita la facultad de los jueces a proteger a ciudadanos que se inconforman con decisiones judiciales y abre la puerta a posibles violaciones a los DH.
En esta legislatura hay pendientes entre 55 y 60 solicitudes de juicio político las cuales deben discutirse en orden de prelación, es decir, de la más antigua a la más reciente.